27 de septiembre de 2009

 

De acuerdo a los especialistas, el fenómeno de la violencia escolar en los liceos tiene numerosas causas y requiere soluciones complejas

Fanny Peña comprobó personalmente en 2006 que Caracas no está exenta de la violencia escolar. Ese año, el liceo del cual era directora salió en las noticias de sucesos: un estudiante hirió por accidente a uno de sus compañeros con un arma de fuego. El escenario de este hecho violento no fue una calle solitaria o un retén juvenil, sino el liceo Antonio José de Sucre de Los Magallanes de Catia.

El suceso fue producto de una secuencia de decisiones y acciones equivocadas. Quien empuñaba el armamento tenía contactos con una pandilla de jóvenes mayores que él. En esos días, este grupo dejó a su cuidado dicha pistola con la intención de ocultarla. Él, interesado en hacer gala de su posesión, la llevó como un objeto más entre los útiles de clase. Aprovechando el receso, decidió exhibirla y jugar con ella. Por último, cometió el error definitivo. Apuntó a su compañero y, desconociendo que el arma estaba cargada y el seguro desbloqueado, vio cómo una bala salió de la boca del cañón para ir a incrustarse en el abdomen del otro. Ese joven, quien tuvo que ser hospitalizado por una herida en el intestino, aún sufre las secuelas de esa cadena de desaciertos.

Este caso es solo una muestra del fenómeno que frecuenta con asiduidad las sedes donde se forman los jóvenes venezolanos. Los propios estudiantes son capaces de dar testimonios semejantes.

Génesis Fandiño y Cristián Cortés, ambos pertenecientes al liceo Diego de Losada ubicado en el suroeste de Caracas, también lo certifican. Denuncian que continuamente en su centro de estudios se presentan enfrentamientos entre alumnos con consecuencias graves.

De esta situación no escapan instituciones privadas como el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Los Rosales, aunque el matiz es más sutil. En su caso y de acuerdo a los alumnos Yohannelly Hernández y Antony González, la violencia se manifiesta de forma verbal, teniendo como causa fundamental el rechazo a las diferencias políticas o económicas que los alumnos tienen entre sí.

Sociedad conflictiva

De acuerdo a funcionarios de la Policía de Libertador, los índices de violencia escolar han aumentado 40% en esa jurisdicción entre 2007 y 2008. Los resultados de estudios realizados por entes privados tampoco son alentadores. Según una encuesta de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje, dada a conocer en el I Congreso sobre Violencia Escolar realizado el año pasado en España, un 40% de los estudiantes venezolanos son víctimas frecuentes de acoso en sus liceos. Entretanto, otra consulta realizada por el diario El Nacional a estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y los 15 años de edad, revela que el 59% de los consultados se siente afectado por la violencia escolar.

No obstante, no hay cifras consolidadas por parte de entes gubernamentales ni privados. Asimismo, los datos anteriores no toman en consideración otros tipos de ataques más allá de los que conllevan daños a la salud del cuerpo humano. De acuerdo a las Naciones Unidas en su Estudio de la Violencia en Niños, Niñas y Adolescentes, se considera como violencia todo uso de la fuerza deliberado que puede afectar a los jóvenes, bien sea de forma física o psicológica.

En las aulas, las agresiones hacia un estudiante bien pueden ser perpetradas por un docente o por un compañero de estudios. El caso del liceísta del Antonio José de Sucre se enmarca dentro de lo que Cecodap denominaría la violencia entre pares, es decir, entre compañeros de estudios.

Comprender las raíces de la violencia escolar entre pares representa una labor compleja. En su manifestación están presentes fundamentalmente factores del entorno educativo, local y nacional que influyen en conjunto sobre los jóvenes.

En el entorno de los jóvenes venezolanos, especialmente de quienes viven en zonas urbanas como Caracas, el estigma de la violencia está presente en la cotidianidad del día a día. El Índice Global de Paz de 2008 coloca a Venezuela en el escaño 123 de un total de 140 países, siendo superado en inseguridad solo por naciones como Colombia, Líbano, Israel e Irak. A resultados igual de negativos llegó un estudio de la Alcaldía de Chacao al indicar que, en nuestro país, un ciudadano muere cada media hora y que los ajusticiamientos han crecido 791% entre 1998 y 2006.

Para el sociólogo Samuel Pérez, a esta conflictividad social se suma la violencia de corte político que se ha incrementado en la última década. “Desde 1999 en adelante, al nivel de violencia social se le ha ido incorporando la política, que no estaba presente en la sociedad venezolana”, considera. A su juicio, la situación se agrava todavía más cuando, de forma consciente, los distintos grupos políticos del país comienzan a desconocer a sus adversarios e incluso a promover su eliminación física. “Ese proceso de polarización política que hemos vivido ha agudizado fenómenos como la intolerancia”.

Entorno disfuncional

La pobreza constituye otra situación a la que Pérez le adjudica un peso vital en el desarrollo de la violencia escolar. “Todos los factores relacionados con la pobreza son generadores de muchos riesgos, entre los cuales está la violencia”. Considera que problemas como el hacinamiento y la vida en condiciones materiales precarias son amenazas que pueden dificultar el desarrollo de una existencia normal para los individuos. Por tanto, pueden estimular la aparición de fenómenos disfuncionales en la relación entre los jóvenes.

En ese sentido, Pérez estima que las diferencias de condición socioeconómica son las que fijan la distancia entre un liceo público y una institución de Educación Media de tipo privado. Faviola Gutiérrez, jefa del Departamento de Psicología Escolar de la Universidad Central de Venezuela, disiente y cree que las divergencias entre ambas clases de centros educativos son únicamente de tipos y de escenarios. En los liceos regentados por el Estado la violencia es más manifiesta, por lo que tienden a ser más comunes las agresiones físicas. En cambio, asegura que en los privados la violencia tiende a ser silente. Con esta expresión, Gutiérrez se refiere a aquellas actitudes a través de las cuales se ignora al otro. “Poco a poco te van creando una condición de exclusión que es violenta”.

Gutiérrez cree que hay un auge de los valores negativos que está teniendo un peso significativo en el avance de la violencia escolar. “Hay un problema profundo de valores éticos en la formación de los jóvenes. No tienen una visión de un proyecto de vida que los satisfaga dentro de un malestar de la cultura”. Entre las creencias que están haciendo daño a la sociedad, enumera el individualismo, la competencia y el irrespeto hacia el semejante. Al mismo tiempo, critica la existencia de grupos juveniles tales como los llamados emo, al considerar que forman parte del surgimiento de una “cultura de la muerte”.

La familia constituye un centro para el desarrollo inicial del individuo, por lo que resulta vital para la adquisición de los valores. Peña, quien ha ejercido como docente desde hace 25 años, está convencida de eso. Asegura que el incremento en la violencia escolar es producto del descuido que tienen los padres en relación a sus hijos, independientemente de si su hogar está completo o no. “Hay familias muy bien establecidas, pero en las que no está la autoridad sobre el seguimiento de sus hijos”, afirma.

Para bien o para mal, los medios de comunicación tienen su influencia en el arraigo o abandono de determinados valores en las sociedades. “Hay un componente de relación entre los jóvenes que apunta hacia la violencia. Ahora los patrones de las novelas infantiles son muy truculentos”, opina Gutiérrez. Mientras tanto, Pérez estima que hay un uso excesivo de la violencia en los contenidos televisivos y que éste marca a las personas desde la socialización primaria. “Si tienes a niños que crecen observando la violencia todo el día en la televisión, empieza a parecerles normal”.

Buscando soluciones

¿De qué manera se canalizan los problemas ocasionados por la violencia escolar en nuestro país? Carmen Bruno, asesora legal de Distrito Escolar 1 de la Zona Educativa del Distrito Capital, indica que cada escuela o liceo debe manejar sus problemas. Lo mismo señala la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 57, cuando establece que cada institución educativa debe establecer qué hechos pueden ser sancionados e informárselo debidamente a sus estudiantes. Bruno también indica que las autoridades de los Distritos Escolares solamente intervienen cuando se presenta algún caso grave, tal como lo contempla el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación.

A la hora de enumerar las medidas oficiales que se han tomado en materia de prevención, Bruno destaca que se llegaron a formar Equipos de Bienestar Estudiantil que realizaron talleres en varios liceos de la capital. Actualmente, afirma que la Defensoría del Niño ha promovido distintas actividades en esa misma dirección. Al mismo tiempo, indica que se han tomado iniciativas para ayudar a que los planteles elaboren sus normas de convivencia.

Pese a lo afirmado por la asesora legal, los educadores y directivos describen situaciones diferentes. Tibisay Hernández, quien es coordinadora en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, explica que la institución a la que representa únicamente se relaciona con las instancias oficiales cuando se presentan casos que escapan del control de la directiva. En esas situaciones recurren al Consejo de Protección al Niño y al Adolescente del Municipio Bolivariano Libertador. Por su parte, Peña considera que la atención recibida por parte de las autoridades se limita a lo judicial, es decir, al apoyo en casos de agresiones escolares. Sin embargo, asegura que durante su gestión de dos años nunca recibieron talleres ni ninguna otra clase de actividad formativa. “Buscamos la ayuda de las organizaciones no gubernamentales. Se buscó asesoría”, explica.

Tomando en consideración lo amplio de las raíces del problema de la violencia escolar, los expertos coinciden en que las respuestas de las autoridades y la sociedad deben ser igualmente profundas para llegar a convertirse en soluciones efectivas.

Para Pérez, la violencia escolar es apenas una pequeña parte de un problema mucho más grande que tiene nuestro país. “Resolver esto está amarrado a resolver los problemas de carácter estructural de la sociedad venezolana”.  Ve en la atención a la pobreza la única salida posible para superar los conflictos entre estudiantes. “Esto está vinculado a un problema de carácter estructural. Estos fenómenos irán mitigándose en la medida en que la sociedad sea exitosa en el combate de la pobreza”.

Por su parte, Gutiérrez considera necesario el trabajo en equipo de todos los sectores involucrados con el entorno escolar. En esa comisión deben tener participación tantos docentes y directivos como padres y representantes, así como la comunidad en general. “Tienen que haber acuerdos en los que se actúe en conjunto, donde haya una comunicación”. Ahora bien, acota que para que los cambios se produzcan hace falta más que propuestas. Hace falta voluntad. “El problema es creer que esto es un problema de la escuela. El problema es creer que esto es un problema de la casa. Nos damos cuenta de que es un problema de interacción entre todos los entornos en los cuales un ser humano se desarrolla”.

Mientras las discusiones continúan, las respuestas conjuntas siguen sin aparecer. Por los momentos, el riesgo de una reedición de lo acaecido en el liceo Antonio José de Sucre, con actores y escenarios distintos, sigue latente.