Cada vez que se inicia un nuevo año académico en la Universidad Central de Venezuela,  suelen suscitarse polémicas con ciertos temas recurrentes. Uno de los asuntos más discutidos  concierne al cobro de 900 bolívares para el proceso de inscripción de los estudiantes. Sin  embargo, al analizar las causas que llevan a las instituciones a exigir tal requisito, se comprende  que resulta necesario y oportuno. Inclusive, se justificaría un ligero incremento. 

A juicio de algunas personas, esta medida es indebida, por cuanto contraviene lo  establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la  gratuidad de la enseñanza. Si bien están en lo correcto desde el punto de vista legal, el dinero  cobrado por alumno es ínfimo. Esos recursos ayudan a la universidad a compensar parcialmente  el escaso presupuesto proveniente del Poder Público. 

Asimismo, se deben considerar las deficientes condiciones en que se encuentran las  instalaciones físicas de estos lugares de estudio, donde se carece de recursos mínimos para la  vida estudiantil. Estos problemas se extienden a los sistemas de información, muebles, materiales  de enseñanza, entre otros. Para que las autoridades competentes puedan subsanar estas  dificultades, necesitan más ingresos que provengan de la matrícula. 

Evidentemente, hay que recordar que en las universidades públicas estudian personas de  diferentes niveles socioeconómicos, por lo que el incremento debe hacerse tomando en cuenta las  posibilidades de todos los estudiantes, es decir, sin que esta disposición limite el derecho al  estudio de las clases más bajas. 

Cuando se comparan las universidades públicas con las privadas, se observa que la  calidad es muy similar con respecto al conocimiento que dan a sus alumnos universitarios. Las  ventajas estructurales de la mayoría de los centros educativos privados no se encuentran en la  responsabilidad de los dirigentes, sino en las altas sumas de dinero que exigen a quienes se  inscriben. Por tal razón, para equiparar la infraestructura de las instituciones de carácter público,  se hace necesario complementar los presupuestos provenientes del Estado con un cobro de  matrícula razonable, accesible para todos y ajustado a la situación económica de nuestro país. 

Solo con la aplicación de medidas correctas, como la mencionada, se podrá superar la  situación actual de los centros de estudio públicos. De lo contrario persistirán los problemas y, al  final de todo, los grandes perjudicados serán los estudiantes, quienes tendrán que ingeniárselas  para lidiar con deficiencias que no merecen y que no son su culpa.