(2021)

Frente al ambiente de censura y autocensura imperante en los medios de  comunicación de masas, las plataformas de internet constituyen la única opción para aquellos  venezolanos interesados en satisfacer su necesidad de estar debidamente informados. Sin  embargo, la decisión de acudir a tales espacios en modo alguno está exenta de dificultades: supone lidiar con problemas de otro signo, derivados de los trastornos infocomunicativos que  las tecnologías modernas —independientemente de sus ventajas— han acabado potenciando. Por tal motivo, resulta oportuno preguntarnos qué acciones se han adelantado en el país para  combatir estos desórdenes, así como sopesar qué planes convendría diseñar en el futuro, sin  perder de vista, claro está, las peculiaridades del contexto nacional. Cabe destacar que, para  efectos de este trabajo, no se hará referencia a los mensajes malintencionados, pues su  naturaleza es diferente a la de los falsos y los inexactos, y requiere otra clase de abordaje. 

Al reflexionar acerca de las maneras de lidiar con mensajes dudosos, lo primero que  suele venir a la mente son las labores de verificación de datos. Aunque originalmente estaba  orientada a determinar el grado de precisión y veracidad del contenido informativo oficial publicado, el foco de esta actividad ahora también se centra en aquel que circula en línea y  no es oficial (Wardle, 2018). En Venezuela ya contamos con medios digitales, institutos y  otras organizaciones abocadas a esa labor, las cuales supervisan con detenimiento lo que  acontece en nuestro ecosistema mediático digital. No cabe duda de que sus esfuerzos por  desmontar mensajes que puedan desorientar a la población o, peor aún, generar zozobra  representan un logro en sí mismo, incluso sin tomar en cuenta la complejidad de la situación  venezolana actual, signada por una emergencia humanitaria y una ola migratoria de enormes  proporciones. No obstante, la abundancia de información problemática limita el alcance de  estas loables empresas, sobre todo cuando se tiene en cuenta el vacío dejado en estas lides  por la prensa, la radio y la televisión. 

Partiendo de lo dicho hasta ahora, resulta tentador convencerse de que el impacto  pernicioso de la información sospechosa podría reducirse a su mínima expresión  multiplicando la cantidad de equipos de trabajo involucrados en desmentirla o corregirla.  Ahora bien, aun cuando sería beneficioso contar con más profesionales en esta área, se  cometería un grave error al depositar toda la carga en los especialistas, por cuanto la ciudadanía tiene su propia cuota de responsabilidad. Cada venezolano debe aprender a  discernir entre la información veraz y la información poco digna de crédito. Ello supone la  adquisición de una serie de competencias y nos remite al plano educativo. Infortunadamente,  las desacertadas políticas oficiales de los últimos años, la parálisis casi absoluta de la educación venezolana a raíz de la pandemia de coronavirus y las deficiencias en materia de  servicios públicos se interponen en el camino de la formación ciudadana. Debido a esas  restricciones, es menester que las universidades, los institutos de investigación y la sociedad  civil en general emprendan iniciativas destinadas paliar estas carencias, al menos hasta que  las circunstancias permitan a las escuelas, liceos y colegios asumir este rol. Si eso sucediera,  las primeras pasarían a desempeñar, más bien, una función complementaria. 

Por otra parte, hace falta que los investigadores del ámbito informativo sigan  dedicando atención a este tema para, de esta manera, mantener bajo la lupa la incidencia de los trastornos infocomunicativos en el territorio nacional, amén de su evolución a lo largo  del tiempo. Al tocar este punto, conviene hacer hincapié en la terminología, pues, como  explica Jack (2017), nuestro vocabulario define el modo como interpretamos estos  desórdenes al orientarnos hacia determinadas presunciones, las cuales, a su vez, definen nuestras propuestas de solución. Comoquiera que compartimos el mismo idioma con otros  países del mundo, debe apostarse por la elaboración de un léxico unificado, cuya utilización  sea idéntica en todo el mundo hispanohablante, particularmente cuando se pretenda adoptar  y traducir términos procedentes de estudios en inglés. Este uso cuidadoso de las palabras  especializadas ha de extenderse al campo periodístico. 

Las observaciones y propuestas anteriores no presentan un carácter exhaustivo; se  trata, más bien, de una pequeña muestra de lo que hemos conseguido hasta ahora y lo que  tenemos pendiente. En tal sentido, el trabajo de Wardle y Derakhshan (2017), centrado en  Europa y Estados Unidos, permite hacerse una idea más cabal de lo que necesitaríamos lograr aquí. Entendido esto, queda claro que los obstáculos son formidables, tanto por la naturaleza  misma de los trastornos como por las crisis que dan forma al difícil panorama nacional. Aun  así, quienes han tomado consciencia de la importancia de la información para el ejercicio de  la ciudadanía y la defensa de los valores democráticos, sean expertos o no, están llamados a  luchar, dentro de sus posibilidades, contra la circulación de contenidos falsos e inexactos,  siempre con la vista puesta en la anhelada reconstrucción del país.

FUENTES CONSULTADAS 

Jack, Caroline (2017). Lexicon of Lies: Terms for Problematic Information. Data & Society Research Institute. Disponible en:  https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_LexiconofLies.pdf 

Wardle, Claire (2018). Information disorder: The essential glossary. Harvard, MA:  Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy, Harvard Kennedy School.  Disponible en https://medium.com/1stdraft/information-disorder-part-1-the-essential glossary-19953c544fe3 

Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein (2017). Information disorder: Toward an  interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe report, 27,  1-107. Disponible en: https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html